Límites de las empresas para poder controlar el uso de internet de los trabajadores

La procrastinación o el uso para fines personales de internet en el trabajo es un campo de batalla legal donde empresas y trabajadores luchan por sus intereses. Las empresas pueden controlar a sus empleados, pero siempre dentro de unos límites que no siempre se cumplen.

Derecho a la intimidad de las comunicaciones

En España, el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el secreto de las comunicaciones. De esta manera, cualquier vulneración de la intimidad en el lugar de trabajo es motivo suficiente para que una persona pueda reivindicar que se no se han respetado sus derechos.

A nivel internacional, una sentencia de 5 de septiembre de 2017 dictada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe controlar las comunicaciones o el uso privado de Internet en el trabajo. En concreto, señala el Tribunal que constituye una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones vigilar los mensajes enviados por un trabajador mediante medios propios de la empresa y acceder al contenido de los mismos, si no había sido previamente informado de esta posibilidad, incluso si existían normas en la empresa que prohibían su utilización con fines personales.

Los límites que tienen que respetar las empresas

En la misma sentencia ya se señala que para poder tener un control de las comunicaciones personales de sus empleados las empresas deben informar previamente de que existirá este control. Así que, legalmente, el trabajador debe ser notificado de:

  • La posibilidad de que su actividad puede ser monitorizada.
  • El grado de intromisión del empresario (durante cuánto tiempo se prolonga, a qué archivos se accede y cuántas personas acceden al resultado de la monitorización).
  • La existencia de una razón legítima empresarial que justifique la monitorización (al ser, por defecto, una medida intrusiva e invasiva).
  • El uso que da la empresa al resultado de la actividad de monitorización y si el mismo se utiliza para alcanzar el objetivo que justificaba la misma.
  • La existencia de mecanismos de salvaguarda para el empleado, garantizando que el empresario no acceda al contenido de las comunicaciones sin la previa notificación al trabajador.

Queda claro que las empresas pueden vigilar los correos internos y las redes sociales de sus trabajadores, utilizadas desde los dispositivos facilitados, pero teniendo en cuenta especialmente que estos deben ser conscientes, mediante un aviso o comunicación previa de que sus equipos pueden ser monitorizados. A su vez, el control debe ser proporcional, necesario y lo menos invasivo posible, evaluando el equilibrio entre el derecho del interés empresarial y la privacidad del trabajador.

Buena práctica: convenio de oficinas y despachos de Barcelona

Recientemente se ha firmado el nuevo convenio sectorial de oficinas y despachos de Barcelona, en el cual se especifica que las empresas “podrán utilizar software de control automatizado para controlar lugares visitados por sus trabajadores usuarios de internet, espacios de charla o grupos de noticias, revisar historiales descargados de la red de internet para usuarios de la empresa, revisar historiales de mensajes, de correo electrónico enviados y recibidos por los trabajadores usuarios”.

En el convenio se establece que el uso personal de internet en horas de trabajo puede constituir una “falta grave”, y que incluso esta falta puede ser agravada si se mandan correos con contenido sexista, racista, etc. y que pueda conllevar un perjuicio por la imagen de la empresa.

La firma de este convenio es considerado una buena práctica por parte de la consultora Deloitte, para que los trabajadores de este sector (que óbviamente trabajan con ordenadores y connexión a internet durante toda su jornada laboral) sepan de antemano el uso que pueden hacer de los medios de su empresa y los límites de esta a la hora de controlar sus acciones.

Esperemos que le haya sido de utilidad este post, y si quiere ampliar información o resolver alguna duda, tiene el departamento jurídico de Gemap a su disposición.

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